La impunidad mengua los ríos dominicanos
La falta de supervisión de las autoridades sobre la extracción ilegal de arena y grava ha resultado en la degradación de cuencas hidrográficas
El camión estaba casi lleno. Con un esfuerzo más, los llamados “hombres hormiga” o “paleros” terminarían de abastecer otro vehículo con la arena y grava que extraían de forma ilegal del degradado cauce del río Nigua, en San Cristóbal.
Por un momento se notaban inquietos. Desconocían quiénes iban en el interior de una camioneta que se estacionó en la ribera. Se apresuraron, colocaron una lona azul sobre la cama del camión cargada del material, y el chofer aceleró lentamente el vehículo para cruzar el río y marcharse.
Los hombres se dispersaron. Uno de ellos, de mediana edad, delgado, sudoroso y con la piel quemada por el sol, aseguró que la extracción que hizo minutos antes no es perjudicial para el río. La considera como una fuente de empleo que por más de 30 años le ha permitido mantener a seis hijos.
“Lo que yo sé que ha cambiado el medioambiente han sido esas minas que hay por ahí tumbando árboles y haciendo excavaciones grandísimas, pero llenar un viajecito (de arena) a mano por arriba (no)”, dijo.
Pero, la extracción ilegal de arena y otros materiales para la industria de la construcción sí ha destruido el canal natural de algunos ríos, erosionado y afectado el manto freático, inclusive en zonas donde hay tomas de agua para acueductos, como es el caso del río Nigua, indican informes académicos y especialistas. Esto ha provocado que cuando hay crecidas, las aguas inunden los barrios ubicados en las márgenes y sea menor la capacidad de retención del líquido en los cauces.
La falta de supervisión de las autoridades dominicanas, en especial del Ministerio de Medio Ambiente que ha concedido permisos para la extracción de arena y otros materiales próximos a los ríos, ha resultado en la degradación de cuencas hidrográficas que abastecen de agua potable a la capital dominicana y otras regiones con alta población.
Por su cercanía a la capital, en la provincia San Cristóbal se extraen agregados (como arena y grava) de forma irregular en los ríos Nigua, Nizao (que abastece a un complejo de embalses) y Yubazo, para suplir a la industria de la construcción.
También ocurre en ríos de otras provincias como La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Puerto Plata. La práctica está prohibida y regulada según las leyes 123-71 y 64-00, y las resoluciones 16-2007, 016-2008 y 0015-2017 del Ministerio Medio Ambiente.
Por esas normativas, y las reiteradas denuncias, se ha controlado la instalación de granceras o minas para extraer arena y grava del lecho de los ríos. Sin embargo, se ha sustituido por actividad individual en camiones privados cuyos propietarios venden el material al sector construcción.
“Ha surgido una red poderosa que extrae agregados de nuestros ríos de forma mecanizada con apoyo de poderes estatales, de noche y de día”, asegura una fuente ligada al Ministerio de Medio Ambiente que pidió anonimato por temor a represalias.
El negocio es lucrativo y se compone de una cadena que comienza por los “hombres hormiga” o “paleros”, quienes de forma manual o informal extraen agregados de los ríos y distorsionan el cauce haciendo hoyos para remover el material. Algunos utilizan instrumentos mecanizados para facilitar la labor.
Estos hombres reciben dinero por llenar las camas de camiones que, además, causan contaminación. Los choferes y los dueños de los vehículos venden el producto a ferreterías, hormigoneras, fábricas de blocks, proyectos habitacionales, construcciones de edificios e informales, y a contratistas del propio Gobierno, detalla la fuente de Medio Ambiente.
Un camión cargado de 18 metros de arena se puede vender en la ciudad entre RD$12,000 (US$240) y RD$15,000 (US$300). Otros que se encargan de sacar el material bruto o cascajo lo venden hasta por RD$200 (US$4) y RD$250 (US$5) el metro cúbico.
Cuando el cauce de un río tiene suficiente material granular, estos componentes sirven de obstáculo para que las aguas corran con menos fuerza y velocidad cuando vienen las escorrentías. “Por eso es que es un crimen cuando tú le sacas a un río todo el conglomerado, porque lo pone liso”, dice el ingeniero Augusto Rodríguez, miembro de la Sociedad Dominicana de Geología.
Los camiones que transportan los materiales de los ríos transitan entre estrechas calles sin asfaltar y han abierto caminos en las cuencas. En los cauces secos es común ver montículos en espera de ser recogidos.
Entre 2016 y 2019, el Ministerio de Medio Ambiente dominicano aplicó sanciones que totalizaron más de RD$3.1 millones (sobre los US$60,000) a 10 infractores por extracción ilegal de material de los ríos Masacre, Nagua, Ocoa, Manoguayabo, Haina y Yuna, entre otros.
A pesar de la fiscalización, el Ministerio, que dirige Ángel Estévez, concedió un permiso cuestionable en septiembre de 2018 para extraer 10,000 metros cúbicos de cascajo, grava y arena en un terreno próximo al río Haina, en San Cristóbal, que sobrepasa los 150 metros mínimos de distancia que establece la norma. El material sería usado para “el relleno de calles y ayudas sociales”. En imágenes satelitales se ve que la extracción excede las coordenadas autorizadas y se acerca casi a 30 metros del agua.
Una lucha constante con reincidentes
El pasado 24 de marzo un grupo se manifestó en La Vega para denunciar que empresarios locales siguen extrayendo materiales del río Camú y sus proximidades. Lo mismo han hecho residentes en Jamao al Norte de la provincia Espaillat, para exigir el cese de la extracción en un tramo del río Yásica.
El activista ambiental Manuel Antonio Nina aún se acongoja al recordar que por protestar en contra de la extracción de arena en San Cristóbal, el 12 de octubre de 1998, mataron a su amigo Sixto Ramírez. Narra que el homicida se le acercó, le metió una escopeta en la boca y disparó. Lamenta que solo se apresó al asesino material y duró no más de siete años en la cárcel.
De los casos llevados a la justicia está uno contra la empresa Agregados Consolidados, S.A.. En 2013, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente informó que ejecutó una sentencia con carácter irrevocable en contra de la compañía, encontrada culpable de extraer arena, grava y piedras de las márgenes del río Nizao, en la provincia Peravia, y debajo del contraembalse de la presa de Valdesia, sin los permisos de rigor. La sentencia también afectó a su representante Miguel Nadal González, y la multa impuesta fue de RD$3.5 millones (aproximadamente US$82,160).
Otro caso lo lleva la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que en febrero pasado se querelló contra la sociedad comercial Hormigones América y sus socios. A estos les exige una indemnización luego de que se rompiera una tubería del acueducto Valdesia-Santo Domingo a mediados de 2018, donde tienen instalada una procesadora de agregados en Manoguayabo, a orillas del río Haina. Repararla dejó sin agua por casi tres días a más de 80 sectores de la capital.
La CAASD denunció que Hormigones América no posee la licencia necesaria para las operaciones que ejecutaba en el lugar de la avería y se suspendieron sus operaciones. Sus socios Gabino Aroldo Ramos, Víctor Ramón Ramos, Isaías Ramos Guzmán e Isaías Odalis Ramos son los mismos de Industria del Block América, contratista de la estatal Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). Se intentó conseguir una opinión de los denunciados y de su abogado, pero al cierre de esta investigación no se había obtenido. El caso está en una fase conciliatoria.
Según denuncias de líderes comunitarios de las provincias Espaillat y San Cristóbal, los choferes de los camiones donde se transporta lo extraído de los ríos supuestamente cuentan con el apoyo de miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente que, bajo el mando de un oficial de las Fuerzas Armadas, está encargada de vigilar, perseguir y detener las prácticas ilegales.
En el caso de la provincia San Cristóbal, en Los Corozos y Villa Altagracia se quejan de que los militares del Senpa tienen un chofer designado para que recoja dinero entre sus compañeros y les sea entregado semanalmente. Los montos oscilan entre RD$1,000 (US$20) y RD$3,500 (US$70). Así garantizan que no les incautarán los camiones ni serán reportados a las autoridades por extraer arena del río Haina.
Durante esta investigación no se avistó a ningún agente del Senpa custodiando los puntos donde estaban los camiones extrayendo material en los ríos visitados en marzo.
Tras el desastre, la práctica sigue
En 2015 la Academia de Ciencias de la República Dominicana calificó de desastrosos los efectos generados por la extracción de arena en el río Veragua, en la provincia Espaillat, con máquinas industriales y camiones que eran cargados en aproximadamente 10 minutos, seis días a la semana.
“En esta comunidad se utilizaba el agua del río (Veragua) para todo, prácticamente nosotros tomábamos el agua, (la usábamos) para bañarnos”, recuerda “Juan”, un policía residente en Batey Ginebra que prefirió no ser identificado con su nombre real.
“Esta es una localidad en la que hace aproximadamente ocho o nueve años en cada casa hay baños, pero aquí lo que había era letrinas, y ya a las cuatro de la tarde veías un desfile de personas para el río, casi todo el mundo a bañarse”, explicó al comparar cómo era la vida antes.
Tomado de https://www.diariolibre.com